Se ha anunciado una modificación significativa mediante el Decreto Supremo (DS 30/2023) publicado el 2 de febrero de 2024, que reforma el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta medida tiene como propósito alinear el reglamento con las obligaciones establecidas por la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.
A partir de la fecha de publicación, todos los proyectos de inversión sometidos a evaluación ambiental deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos en el DS 30/2023. Para facilitar este proceso, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha actualizado sus plataformas tecnológicas, con especial atención al e-SEIA.
El reglamento anterior, en vigor desde 2012 y modificado por última vez en 2014, necesitaba con urgencia una modernización. Durante el año 2023, el Ministerio del Medio Ambiente trabajó en colaboración con el SEA para llevar a cabo esta actualización, que ahora se concreta con la publicación del decreto.
El ministro (s) Maximiliano Proaño enfatizó la importancia de estos cambios, destacando que actualizar el reglamento es crucial para alinearse con los avances del país, especialmente en relación con el Acuerdo de Escazú y la Ley Marco de Cambio Climático. Proaño aseguró que estas modificaciones contribuirán a una mejor protección del medioambiente, la inclusión de la ciudadanía y una evaluación ambiental más eficiente.
La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, subrayó la necesidad de un SEIA moderno y eficiente que garantice la transparencia y el acceso a la participación ciudadana. Esta modificación busca cumplir con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y mejorar el desempeño ambiental del país.
Las principales modificaciones del reglamento se centran en dos ejes: la incorporación de la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, en concordancia con la Ley Marco de Cambio Climático de 2022, y el fortalecimiento del acceso a la información y la participación ciudadana, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú de 2022.
Entre las medidas específicas se destacan la consideración de la relación de los proyectos con los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, el fortalecimiento de los planes de Prevención de Contingencias y de Emergencias, el uso de un lenguaje claro y comprensible para el público en los nombres y la formulación de los proyectos, así como la instalación de carteles informativos en el sitio del proyecto para facilitar la comunicación con la comunidad.